El Presidente de la República aprovechó la oportunidad del tema del aumento del precio del petróleo y los comestibles para anunciar medidas de austeridad en el Sector Público No-Financiero (SPNF). En este sentido, las medidas que se anunciaron en cuanto a la política fiscal forman parte de las exigencias del FMI para cumplir con las metas del Acuerdo Stand-by. En esta entrega estaremos analizando la siguiente medida anunciada:
Reducción de 12% en los presupuestos de los ministerios y otras instituciones publicas autónomas y descentralizadas, con excepción de educación, salud y programas sociales.
Es muy importante la austeridad por parte del gobierno dominicano si tomamos en cuenta que el déficit del SPNF ha sobrepasado los RD$50,000 millones durante los últimos tres años. Una política fiscal austera reduce el exceso de consumo del sector publico, reduciendo el desvío de recursos en el presente y el futuro del sector privado al sector público. Además, una reducción del gasto reduce la necesidad de endeudamiento del sector público; esto cambiaría la tendencia de los últimos años de asumir cada vez mayor deuda pública para financiar un gasto público mayor.
Sin embargo, la reducción de los gastos del gobierno se enfoca en la reducción de gasto en obras públicas y no en el gasto corriente, como lo anunció el Presidente de la República. Esto es una señal de que el gobierno busca la vía fácil y que realmente no se está asumiendo la austeridad seriamente. Esto se hace más evidente cuando tomamos en cuenta que muchos "programas sociales" se usan para gastos que no se justifican (alguien se recuerda de "pega o paga" en el pasado?).
Hoy día parecería que no existe restricción presupuestaria y el despilfarro de recursos es obvio. Desde almuerzos costosos de funcionarios públicos en restaurantes de primera, pasando por subsidios generalizados que distorsionan señales de precios e implican derroche de recursos escasos en la economía, finalizando con la ejecución de obras que no son prioritarias y que se ejecutan a sobreprecio.
Con estos ejemplos parecería que el “contrato social” entre el Estado y los ciudadanos se está violando. Por un lado, se violan los derechos de propiedad de los contribuyentes en la medida que sus impuestos habrán financiado un gasto público excesivo y una parte importante de esos recursos se desperdician en gastos innecesarios y corrupción. Por otro lado, se está limitando la libertad económica de las generaciones presentes y futuras en la medida que en algún momento habrá que pagar el gasto público excesivo actual y el endeudamiento creciente que esto genera. Se limita la libertad económica porque se estaría forzando a los agentes privados a prescindir de sus propiedades generadas en base a trabajo productivo para hacer frente a un gasto público excesivo y el servicio de la deuda.
El Estado no sólo podría estar violando el “contrato social” sino que ha tomado atribuciones más allá de la que los ciudadanos están dispuesto a otorgarle. No ha sido suficiente 5 reformas fiscales en los últimos 9 años que han implicado incrementos de tasas impositivas y la cantidad de impuestos; todo para financiar un gasto público cada vez mayor. El país ha tenido que asumir cada vez mayor deuda para financiar el gasto público.
El déficit del Sector Público No-Financiero (SPNF) de más de RD$55,000 millones durante cada uno de los últimos tres años no se ha generado por el lado de los ingresos en la medida que éstos se han incrementado sensiblemente. El problema se ha generado por un incremento del gasto público, principalmente gasto corriente, que a su vez ha implicado la creación de déficit fiscales y un incremento del endeudamiento público.
El endeudamiento del SPNF se ha más que cuadruplicado en los últimos diez años, pasando de US$3,243.0 millones a Diciembre del 2000, a US$14,817.6 millones a Diciembre de 2010, según cifras del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, la deuda del Banco Central pasó de ser insignificante en Diciembre de 2002 (antes del rescate de los tres bancos fallidos), a RD$53,522.9 millones en Diciembre de 2003 (año de los rescates bancarios), a casi RD$219,000 millones al final del 2010 (equivalente a US$5,786 millones al RD$37.85/US$). Como sabemos, esta deuda tendrá que pagarse a través de la política fiscal en algún momento, con recaudaciones de impuestos futuros; por esta razón es que se le llama deuda cuasi-fiscal. Si esto no sucediera, habrá emisión de dinero sin respaldo que genera inflación y depreciación de la moneda.
La estabilidad macroeconómica que hemos gozado durante los últimos 7 años luego de la crisis bancaria se ha logrado en base al endeudamiento público, lo que implica que no es sostenible en el tiempo. Es decir, la República Dominicana goza de una estabilidad macroeconómica artificial basada en deuda pública, tanto interna como externa.
En este punto es importante resaltar el papel que han jugado los organismos multilaterales de financiamiento en el proceso de incremento del gasto y endeudamiento públicos, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde nuestra perspectiva, el FMI ha sido uno de los agentes responsables de la situación actual, en la medida que ha permitido, justificado e incentivado las políticas económicas que han implementado los diferentes gobiernos durante los últimos diez años.
El rol que ha jugado el FMI para que el sector público pueda seguir endeudándose ha postergado las decisiones difíciles y la implantación de políticas económicas sostenibles en la República Dominicana. En todo caso, el FMI ha asumido la visión de corto plazo de los políticos, haciéndose de la vista gorda en materia de políticas económicas. Por esto, debemos ser muy escépticos de las “recomendaciones” de políticas públicas de este organismo y de otras instituciones multilaterales de financiamiento.
Lamentablemente, los economistas miden la sostenibilidad de la deuda utilizando como parámetro el monto de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, lo importante es la capacidad de pago en base a ingresos y gastos presentes y futuros. Si la estructura de gastos es rígida con compromisos de gastos previos como servicios de deuda, subsidios, y una burocracia abultada, y no se tiene voluntad política de reducirlos, esto implica que el servicio de la deuda será cada vez más difícil de enfrentar. En la actualidad se destina cerca del 41% del presupuesto del gobierno al servicio de la deuda. En todo caso, el cálculo del PIB podría no estar reflejando la realidad de la economía dominicana en la medida que la metodología del cálculo debe revisarse. En este sentido, si el PIB está sobreestimado la relación deuda/PIB puede reflejar un coeficiente por debajo del número real.
Se argumenta que el nivel actual de la deuda pública global (SPNF + Banco Central) es sostenible y que el país está en capacidad de asumir mayor nivel de endeudamiento del sector público. Actualmente, la deuda pública global ronda entre 41-45% del PIB, según la metodología de cálculo y el PIB sobreestimado, Los niveles de deuda pública sobre el PIB no dicen mucho, si consideramos que la República Dominicana dejó de servir la deuda externa (default) con 32% de esa deuda sobre el PIB (1982), Chile con un 31% (1972), Venezuela con un 41% (1982), México con un 47% (1982), Jamaica con un 49% (1978) y Argentina con un 51% (2001). Con estos ejemplos nos damos cuenta que los parámetros que usan los economistas, avalados por los organismos internacionales, no tienen mucha validez. De nuevo, lo importante es la capacidad de pago en base a ingresos y gastos gubernamentales, y no a un coeficiente que podría estar subestimado.
Desde nuestra perspectiva, la política de gasto y endeudamiento públicos de los últimos diez años no son sostenibles. Debe haber cierto límite en la medida que el Estado puede restringir la libertad económica cuando confisca recursos a los entes productivos de la sociedad más allá de lo requerido para las operaciones del sector público. Se está comprometiendo el futuro de la República Dominicana cuando se asume cada vez mayor endeudamiento. De nuevo, la deuda pública global es más de cinco veces mayor que hace diez años, independientemente de cuánto representa con respecto al PIB.
Las políticas económicas deben crear un ambiente propicio para el ahorro, la inversión, la producción y el consumo, y no servir de obstáculos a las actividades de los agentes económicos privados. Además, deben incentivar una asignación de recursos para la creación de nuevas riquezas por parte del sector privado y no que profundice la pobreza presente y/o futura. De lo que se trata es de políticas económicas sostenibles.
El gasto público excesivo, los déficit fiscales, el alto nivel de endeudamiento y la incertidumbre que éstos generan desincentiva el ahorro, la inversión, la producción y el trabajo productivo. Esto implica una muy baja generación de riquezas y un alto desempleo estructural de los factores de la producción (capital, tierra y mano de obra). Es obvio que existe un exceso en el gasto corriente por una burocracia muy abultada, subsidios, corrupción y programas muy difícil de justificar.
El derroche de recursos escasos a través del gasto corriente excesivo debe reducirse y permitir al sector privado que cuente con los recursos que se desvían para financiar déficit fiscales, incrementando el ahorro nacional en el proceso. Si bien es cierto que la austeridad anunciada es un paso en la dirección correcta, parecería que el compromiso es débil si tomamos en cuenta que se excluyen programas "sociales" que muchas veces se usan para gastos que no se justifican y la reducción del gasto se enfoca en obras públicas y no gasto corriente. Habría que esperar a ver si se implementan las medidas anunciadas, toda vez que anuncios en el pasado no se han traducido a la realidad.
La tendencia del gasto y endeudamiento públicos durante los últimos diez años de seguro preocuparía a Juan Pablo Duarte. Las limitaciones a la libertad económica que implica un Estado que incide cada vez más en las vidas de los individuos a través de derroche de recursos escasos e imposición de más impuestos va en contra de la libertad individual que propugnaba nuestro Padre de la Patria. Un país altamente endeudado con políticas económicas que no son sostenibles implican que la Nación no podrá ser libre, independiente, y respetada por otras naciones.
