Economía de mercado: sistema de ganancias y pérdidas

Artículo publicado en la revista Forbes República Dominicana en su primera edición de Abril, 2014.

Es un concepto ampliamente aceptado que la economía de mercado es un sistema de ganancias, por medio del cual los emprendedores obtienen beneficios a expensas de las mayorías.  Sin embargo, la realidad es que la economía de mercado es un sistema de ganancias y pérdidas, por medio del cual los emprendedores obtienen ganancias sólo si pueden obtener el beneplácito de los consumidores en sus compras.  En general, los consumidores compran productos que perciben pueden satisfacer sus demandas o necesidades más urgentes, en base a una valoración subjetiva; como todos somos diferentes, todos valoramos las cosas de manera distinta.  En este sentido, los consumidores tienen el poder de decisión sobre qué comprar y esa decisión implica que se abstienen de comprar otros bienes o servicios. Por ejemplo, cuando un consumidor decide comprar el jugo x, se abstiene de adquirir el jugo z. 

En una economía de mercado, entonces, los emprendedores están expuestos a las decisiones de los consumidores para obtener ganancias.  Si los emprendedores no pueden satisfacer las demandas  de los consumidores y, en consecuencia, éstos se abstienen de comprar sus productos, entonces esos emprendedores sufren pérdidas.  Al momento de abstenerse de comprar el jugo z, los consumidores envían una señal poderosa a ese emprendedor para que corrija errores que comete en la producción de bienes y servicios.  De alguna forma, los consumidores están indicando que el producto no tiene la calidad adecuada o que los precios no satisfacen sus deseos. 

Para buscar la aceptación de los consumidores, los emprendedores que incurren en pérdidas revisan sus procesos productivos: cuáles factores de la producción y qué cantidad utilizan, los precios actuales y esperados de esos factores de la producción (estructuras de costos), los canales de distribución, los segmentos de mercado a que se dirigen y sus estrategias de precios, ente otros factores.  De esta forma, los emprendedores se ven forzados a mejorar sus procesos productivos para proveer a los consumidores productos que éstos  demandan con la calidad y precios requeridos.   De esta forma, las señales que reciben los emprendedores cuando sus productos no se venden se traduce en mejor aprovechamiento de los recursos escasos.

Un caso reciente que se ha debatido ampliamente es el caso de Research in Motion (RIM), empresa canadiense que produce los antes muy afamados teléfonos BlackBerry.  Esta empresa tecnológica, que enfrenta competencia feroz, no se mantuvo a la vanguardia para satisfacer las demandas y gustos de los consumidores.  Mientras RIM se dormía en sus laureles del éxito, otras empresas emprendieron proyectos que terminaron recibiendo la aprobación de los consumidores por encima de los BlackBerry.  Apple y Samsung (con el sistema operativo Android) tomaron la delantera en las preferencias de los consumidores; hoy se añaden otros a la competencia.  RIM inició perdiendo mercado para luego asumir pérdidas: unos US$965 millones en 2T2013 y US$4,400 millones en 3T2013.  Aparentemente, es muy tarde para RIM recuperarse con el modelo de negocio actual.

En caso de que los emprendedores que sufren pérdidas no corrijan sus errores y no puedan proporcionar bienes y servicios que satisfagan a los consumidores, los mismos trillan el camino de la bancarrota.  Obviamente, esto sucede en mercados donde existe competencia y no existe protección implícita ni explícita del Estado.  Aquí es donde se diferencia una economía de mercado de una economía intervenida por distorsiones y privilegios que sólo puede proveer quien impone las reglas de juego: el Estado.  La economía de mercado florece donde las reglas de juego son igual para todos, la competencia es celosamente defendida por el Estado y existen consecuencias por la toma de decisiones empresariales.   La economía de mercado implica que sólo aquellos que pueden satisfacer a terceros obtienen ganancias; los que no pueden, sufren pérdidas.  En ese sistema económico, los consumidores (las masas) tienen el poder en sus manos, no los emprendedores.

Manifiesto por la Paz y la Libertad

Proclama de la Coalición por la Paz y la Libertad en República Dominicana el 7 de Octubre de 2011:

Cuando la delincuencia, el crimen y el robo se empiezan a apoderar de las ciudades de una Nación, los ciudadanos viven bajo un estado de inseguridad y temor.

Cuando las fuerzas policiales no cumplen sus funciones a cabalidad y muchas veces protegen, son cómplices o están involucrados en actos dolosos, se pierde la credibilidad en los que deben garantizar la seguridad y los ciudadanos se sienten desprotegidos.

Cuando en una sociedad los derechos individuales de sus miembros no están garantizados e individuos empiezan a tomar las leyes en sus manos, ésta podría caer en el caos y la anarquía.

Cuando por largo tiempo autoridades de turno supuestas a cumplir y hacer cumplir las leyes en muchos casos son las primeras en violarlas,  la corrupción y la impunidad inevitablemente permean la sociedad.

Cuando el poder se quiere repartir como un pastel entre grupos enquistados en partidos políticos y el clientelismo predomina el accionar político,  el sistema deja de representar los intereses de las mayorías.

Cuando por décadas las decisiones institucionales son suplantadas por decisiones de personas, subrogando la constitución y las leyes, se pierde el Estado de Derecho.

Cuando la mayoría de los ciudadanos está restringida de recibir educación y salud de calidad, se crean las condiciones para una sociedad violenta.

Cuando las políticas públicas no crean las condiciones propicias para la generación de riquezas con equidad social, se incrementa la pobreza y la marginalidad.

Cuando todo esto ocurre, se pierden los principios éticos-morales, los valores se invierten y el sistema democrático corre el riesgo de colapsar.  La sociedad empieza a ser disfuncional: la paz y la libertad son sustituidas por el autoritarismo, la violencia y las fricciones sociales.

Lamentablemente, mucho de esto está sucediendo en la República Dominicana. Hoy, los dominicanos que amamos nuestra patria, estamos dispuestos a sacrificarnos y comprometernos por ella.  No nos vamos a amedrentar y no nos quedaremos de brazos cruzados.

El movimiento que hoy damos a conocer es uno que conglomera a individuos e instituciones de todos los rincones de nuestro país que se identifican con la paz y la libertad.   En este movimiento hay cabida para todas las personas e instituciones que quieran construir un futuro más promisorio, próspero y donde reine la armonía entre los distintos actores sociales.

Anunciamos ante Dios, los dominicanos y el mundo la formación de la “Coalición por la Paz y la Libertad”.

Nuestra visión es vivir en una República Dominicana libre y justa basada en principios éticos-morales, el trabajo y los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad.  Para alcanzar esa visión, trabajaremos para transformar nuestro país en una sociedad donde exista institucionalidad, seguridad ciudadana e igualdad de oportunidades para todos.

Este movimiento no se afilia a partido político alguno.  La Coalición por la Paz y la Libertad busca que todos los dominicanos abracemos un Estado de Derecho bajo un contexto democrático, donde todos podamos vivir en paz, no existan privilegios, tengamos igualdad de oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y donde cada uno persiga su felicidad en beneficio de todos.  

La adopción de un Estado de Derecho en la República Dominicana debe iniciarse por acciones gubernamentales para hacer cumplir las leyes a todos por igual, tanto a gobernantes como gobernados.

La función principal del Estado es proteger a los ciudadanos y no que éstos tengan que protegerse del poder de quienes lo detentan ni de entes antisociales.  Las fuerzas policiales y el sistema judicial deben ser ágiles, independientes e imparciales, de forma tal que no existan privilegios ni abuso de poder.  Se trata de que todos los residentes en la República Dominicana vivan bajo el imperio de la ley.

Por otro lado, la calidad de la educación y los servicios de salud no deben ser una limitación para el desarrollo del potencial individual y progreso de cada dominicano.  Mejor nivel de educación y salud implica que los dominicanos vivamos una vida digna y seamos más productivos, pudiendo acceder a un mayor nivel de ingreso.

Además, las instituciones, regulaciones y políticas públicas deben facilitar el emprendimiento, la inversión y la producción para que el sector privado genere más y mejores puestos de trabajo productivos en nuestro país.  Una sociedad que limita estas actividades no puede ser próspera y la mayoría estaría condenada a vivir en la pobreza y la marginalidad que generan violencia de diferentes géneros.

Finalmente, para alcanzar una sociedad libre, justa y próspera, todos los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad en términos individuales y colectivos de respetar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de los demás.  Debemos estar conscientes que todo derecho conlleva un deber.

El primer proyecto de nuestra agenda de trabajo es la Reforma de la Policial Nacional.  Modernizar, adecentar y actualizar sus diferentes estamentos, profesionalizar sus miembros y hacer hincapié en la prevención del crimen, nos llevaría a la estabilidad, la paz y la seguridad ciudadana.  Hoy levantamos la bandera de la reforma integral de nuestra Policía Nacional para el beneficio de todos los dominicanos, incluyendo sus propios miembros y sus familiares.

En este día que damos a conocer la Coalición por la Paz y la Libertad hacemos un llamado a todos los dominicanos amantes de su Patria, a que se sumen a esta revolución pacífica que por las vías legales y democráticas busca una transformación de la República Dominicana hacia una sociedad libre, justa y próspera, donde reine la paz y la armonía.  No desmayaremos en la consecución de estos ideales.  Las generaciones presente y futuras se merecen un mejor país para todos.

¡Que viva la República Dominicana!

7 de Octubre, 2011

Nuevos impuestos: se justifican?

El gobierno dominicano envió un proyecto de ley al Congreso Nacional el pasado 31 de mayo del año en curso que busca incrementar las recaudaciones tributarias a través de nuevos impuestos y cambios a impuestos existentes.  Si se aprobara, esta sería la sexta reforma fiscal que se aplicaría en la República Dominicana en menos de diez años.  Como sabemos, las reformas fiscales en nuestro país sólo implican incremento de impuestos para generar mayores ingresos fiscales y nunca se incluye el lado del gasto público.  Otra vez, se busca resolver el problema del déficit fiscal provocado por un gasto público excesivo a través de incremento de impuestos.  Mientras se anunció un programa de austeridad gubernamental en marzo del presente año, con este incremento de impuestos propuesto parecería que las medidas de austeridad no se aplicarán.

El gobierno dominicano ha incrementado el gasto público mucho más allá de los ingresos durante los últimos años.  Según cifras de la Dirección General de Presupuesto y tomando los índices de precios que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), los gastos del gobierno central se incrementaron en 47% entre los años 2005 y 2010, en términos reales; es decir, descontando los efectos de la inflación.  Por otro lado, los ingresos se incrementaron en 23% en términos reales durante ese período, lo que implica que el gasto se ha incrementado en poco más del doble que los ingresos.  De esta forma, se ha actuado como si no hubiese restricción presupuestaria.

El déficit acumulado durante los últimos tres ejercicios fiscales (2008-2010) suman RD$157,518 millones, que ha sido financiado a través de endeudamiento público.  Según cifras publicadas por el BCRD en “Resultados Preliminares de la Economía Dominicana Enero-Marzo 2011” el déficit del gobierno central en los primeros tres meses del año en curso fue de RD$16,186 millones; un déficit similar para los trimestres que restan del año implicaría que el déficit del gobierno estaría por encima de los RD$64,500 millones para el 2011.

Se está recurriendo por dos vías distintas para financiar ese déficit: emisión de nueva deuda pública e incremento de ingresos fiscales a través de incremento de impuestos.  Por esta razón, el gobierno sometió y el Congreso aprobó una ley que autoriza la emisión de RD$25,200 millones de títulos de deuda pública en el mercado local y otra ley que autoriza la emisión de US$500 millones de bonos soberanos; éstos equivalen a unos RD$19,000 millones.  Las emisiones de nuevos títulos de deuda del gobierno sumarían unos RD$44,200 millones, que todavía no son suficientes para financiar el déficit fiscal para este año.  Por esta razón es que el gobierno ha sometido el paquete impositivo para incrementar las recaudaciones fiscales.

Existen algunas incongruencias entre los argumentos que se han usado para "vender" el paquete impositivo.  Primero, el proyecto de ley se titula “Proyecto de Ley para Aumentar los Ingresos Tributarios y Destinar Mayores Recursos en Educación” y en ningún artículo del proyecto de ley se propone destinar recursos de las nuevas recaudaciones a la educación.  Segundo, se argumenta que las medidas impositivas propuestas generarían unos RD$9,400 millones y la verdad es que las medidas anunciadas podrían generar entre RD$21,000 y RD$26,000 millones, según estimaciones propias en base a los nuevos impuestos y cambios propuestos en el proyecto de ley (el rango es tan amplio porque no se pueden obtener bases imponibles claras para cada partida con la información pública disponible).   Tercero, algunos asesores del Ministerio de Economía han argumentado que las recaudaciones del gobierno se ha reducido en R$50,000 millones en lo que va de año y nada está más lejos de la realidad.  Durante los primeros tres meses del año los ingresos fiscales se incrementaron en RD$5,156.5 millones, equivalente a un 8.9% con respecto al año 2010, según el informe del BCRD citado anteriormente.

Las medidas propuestas han estado avaladas y justificadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se ha convertido en el agente que facilita políticas económicas insostenibles, endeudamiento público e incremento de impuestos a la población.  Lamentablemente, sólo se considera cómo resolver los problemas de corto plazo para mantener una estabilidad ficticia o artificial.  De hecho, la estabilidad económica que puede exhibir la República Dominicana luego de la crisis bancaria del 2003 se ha mantenido en base a endeudamiento público e incremento de impuestos, lo que no es sostenible en el tiempo.

Lo correcto en estas circunstancias es que el gobierno implemente una reforma fiscal integral, reduciendo el gasto público y proponiendo un sistema impositivo con impuestos bajos y uniformes para promover el ahorro, la inversión, la producción y el empleo.  De nuevo, las prácticas de continuar aumentando el gasto público y financiando los déficit fiscales con deuda pública e incremento de impuestos son insostenibles.  Esto requiere de un cambio de la mentalidad intervencionista y clientelista de los políticos dominicanos.  El paquete de medidas impositivas sometidos al Congreso Nacional no se justifica y afectaría a todos los miembros de la sociedad en el corto y mediano plazos.  En otras entregas nos vamos a referir a estos temas.

Salario mínimo en perspectiva

El tema del incremento del salario mínimo ha sido debatido en diferentes ocaciones y en esta ocasión los debates no han sido muy diferentes.  Generalmente, las posiciones de los empleadores y sindicatos difieren, cuando lo que se discute es cuánto debe ser el incremento al salario mínimo. Generalmente, los argumentos que se usan para justificar la posición de cada grupo giran en torno a la inflación acumulada y/o el monto de la canasta familiar que mide el Banco Central (en el caso dominicano).  En muy escasas ocasiones las discusiones del salario mínimo gira alrededor del incremento de productividad del trabajador.  

El trabajo es un recurso económico vital porque, conjuntamente con otros factores de producción, transforma los recursos escasos en bienes y servicios útiles que satisfacen necesidades/demandas de los seres humanos.  Una relación laboral entre privados es, a su vez, una relación contractual.  El precio que surge del intercambio entre el empleado y el empleador es el salario, que se paga en base a unidad de servicio brindado, generalmente medido en base a tiempo; por hora, semanal, quincenal o mensual.  El trabajo está presente en todo proceso productivo y todos estamos de acuerdo que el incremento de los ingresos de los trabajadores es clave para la mejoría del nivel de vida y un futuro más promisorio.

El tema es cuál es la mejor vía para incrementar los ingresos de los trabajadores y si las regulaciones sobre salario mínimo realmente contribuye a mejorar el ingreso promedio.  A primera vista, parecería que un incremento del salario mínimo es beneficioso porque incrementa los salarios de los trabajadores.  Sin embargo, cuando el salario mínimo está por encima de un nivel que trabajadores voluntariamente están dispuestos a percibir y empresas dispuestas a ofrecer, nos damos cuenta que su aplicación puede ser perjudicial para los propios trabajadores y la economía, en general.  Lamentablemente, las opiniones acerca del trabajo y los salarios involucran un alto nivel de apasionamiento y es un tema altamente politizado.  Esto implica que los principios económicos más básicos se hayan perdido en el camino y no formen parte de las discusiones.

Del lado de la oferta laboral, en la economía dominicana existen personas dispuestas a prestar sus servicios laborales a un precio (salario) por debajo de lo que estipulan las regulaciones de salario mínimo.  Del lado de la demanda, las empresas perciben que muchas personas no aportan al proceso productivo un monto igual o mayor al requerimiento de las regulacines de salario mínimo; por consiguiente, no están dispuestos a emplear a ese nivel de salario. En este caso, lo que provocan las regulaciones sobre salario mínimo es un incremento del desempleo.

En efecto, uno de los factores que ha contribuido a que el desempleo estructural en la República Dominicana se ubique entre 14-20% durante los últimos 20 años son las regulaciones de salario mínimo y otras regulaciones que implican un alto costo para las empresas contratar trabajadores adicionales.  En este sentido, los hacedores de políticas públicas deben procurar flexibilizar las leyes laborales para hacer menos costoso el trabajo en la economía formal, tanto para el empleador como para el empleado.

Otra consecuencia directa de las regulaciones sobre salario mínimo y otras regulaciones que incrementan el costo de adicionar trabajadores a los procesos productivos es la promoción de actividades económicas fuera de los procesos legales, es decir, el incentivo a la informalidad en la economía.  A partir del hecho de que hay personas dispuestas a percibir una remuneración por los servicios laborales que ofrecen por debajo del salario mínimo y las empresas entienden que los aportes a los procesos productivos de algunos trabajadores está por debajo del salario mínimo, la contratación de esos trabajadores se hacen al margen de las leyes vigentes. 

De hecho, el costo de hacer negocios en la República Dominicana es tan elevado que existen miles de empresas, principalmente micro, pequeñas y hasta medianas, que operan totalmente al margen de las leyes.  Es decir, no sólo que contratan personal fuera del marco legal, sino que sus operaciones se realizan sin registro alguno y no pagan impuestos.  En pocas palabras, se recurre a la informalidad cuando los emprendedores perciben que los costos de operar en la economía formal son mayores que los beneficios que ofrece.  Algunos estiman que la informalidad en la República Dominicana representa un 56% de la economía.  Sin embargo, este número puede estar subestimado si consideramos que los negocios ilícitos, los cuales operan de manera soterrada, juegan un papel importante en la economía dominicana.

En resumen, las regulaciones sobre salario mínimo que imponen niveles por encima de lo que los trabajadores están dispuestos a percibir y las empresas dispuestas a pagar ocasionan desempleo y crean un incentivo perverso a los emprendedores de trabajar al margen de las leyes (informalidad).  Las intenciones de los que promueven un mayor nivel de salario mínimo no podemos cuestionarla porque asumimos que toda persona de buena voluntad tiene como objetivo un mayor bienestar económico para los trabajadores y la población, en general.  En este caso, el tema sería: cúal es el medio más apropiado para alcanzar este objetivo?

La única vía para incrementar los niveles salariales permanentemente es aumentando la productividad de los trabajadores.   Un trabajador más productivo puede exigir un mayor nivel de salario y las empresas estarían dispuestas a ofrecer una mayor remuneración por sus servicios laborales porque agregaría mayor valor al proceso productivo.  Ahora bien, la pregunta es cómo se incrementa la productividad de los trabajadores.  Existen diferentes factores que contribuyen a un incremento de la productividad de los trabajadores:

a.    Incremento del nivel de inversión de capital: más maquinarias y equipos permiten a los trabajadores producir más porque los ayuda en sus tareas. El nivel de capital acumulado en nuestro país es bajo porque no brinda un ambiente propicio para la inversión de capital y creación de riquezas.

b.    Nuevas tecnologías en los procesos productivos: mejores maquinarias y equipos implica que se podrá producir más con los mismos factores de la producción.  Es obvio que sustituir una yunta de buey por un tractor implica un incremento de la producción y, en consecuencia, los ingresos del agricultor, por ejemplo.

c.    Mejor formación y adiestramiento profesional: una mejor educación e instrucción hace que los trabajadores puedan agregar mayor valor en los procesos productivos.

d.    Mayor aplicación y disciplina de los trabajadores: personas más responsables y que asumen su trabajo con seriedad son más productivos que otros que no cumplen con sus labores cabalmente.

e.    Mejores procesos organizacionales y productivos: una dirección más eficiente de los gerentes de empresas implica una mayor producción por trabajador.

De nuevo, la única vía para incrementar los niveles de ingresos de los trabajadores permanentemente es por medio de un incremento de su productividad.  Mientras más y mejor capacidad tiene un individuo de ejecutar tareas que son requeridas en los procesos productivos, más valioso será para los que financian y dirigen esos procesos.  Es decir, mientras más productivo el trabajador, mayor nivel de ingresos podrá obtener en el mercado laboral porque los bienes y servicios que produce son valorados por los consumidores y, por consiguiente, por los emprendedores.  Las políticas públicas deben enfocarse en cómo lograr un incremento permanente de los niveles de ingresos de los trabajadores a través del incremento de productividad.

Para eliminar exenciones hay que reducir impuestos

Como parte de los acuerdos con el FMI, el gobierno se comprometió a revisar las legislaciones que incluyen exenciones fiscales.  En este sentido, el Presidente de la República anunció que impartió órdenes al Ministro de Hacienda para revisar las exenciones fiscales y exoneraciones.  Las exenciones fiscales se han utilizado para mitigar los problemas estructurales de la economía dominicana y los altos costos transaccionales que enfrentan los agentes económicos.

Las exenciones fiscales introducen distorsiones en la asignación de recursos escasos en la economía dado que estimulan artificialmente las inversiones en algún sector sobre los demás.  En principio, lo óptimo es eliminar toda exención fiscal tratando a todos los sectores equitativamente para que las inversiones se dirijan donde se presentan ventajas comparativas y los emprendedores perciban oportunidades reales de beneficios sin estímulos artificiales.  Sin embargo, la eliminación de exenciones fiscales deben ir acompañadas de la reducción del costo que enfrentan las empresas en el país para ser competitivos a nivel internacional.

En términos de política tributaria, la vía más expedita y eficiente desde el punto de vista económico es reducir la cantidad de impuestos, gravámenes y las altas tasas impositivas.  Esto contribuye a hacer el sistema tributario más sencillo y a reducir el costo de hacer negocios en la República Dominicana, lo que implica mayor inversión en la economía.  Además, esto ayudaría a reducir los niveles de informalidad en la economía dominicana porque algunos de los factores que más contribuyen a ésta son la diversidad de impuestos, las altas tasas impositivas y  los requerimientos burocráticos para cumplir con el pago de impuestos.  Todos estos factores desincentivan las inversiones y la conducción de negocios bajo las leyes en la economía.

Mientras económicamente es más eficiente eliminar las exenciones fiscales, la realidad es que las exenciones fiscales se han usado por los altos costos transaccionales de la economía dominicana.  Para eliminar las exenciones fiscales, el Estado debe aplicar una serie de reformas estructurales para contribuir a la reducción de los costos transaccionales en la República Dominicana.  En términos de la política tributaria, el costo de hacer negocios en la República Dominicana podrían reducirse aplicando las siguientes políticas:

a)   Simplificar el código tributario para hacer el sistema menos costoso de administrar por parte de contribuyentes y del colector, liberando recursos escasos para la economía en general (nuevas inversiones);

b)   Introducir una tasa del Impuesto Sobre la Renta (IRS) baja y uniforme (flat tax) a individuos y empresas que incentive la inversión, la producción, la creación de empleos, el ahorro y el consumo en la economía.  El cambio de incentivos implicaría una reducción de la evasión fiscal, mayor crecimiento económico y una reducción de la informalidad en la economía (de esta forma se podrían percibir mayores recaudaciones fiscales);

c)    Introducir un mayor nivel de exención del ISR a los individuos (ingresos libre de impuestos) para que los que perciben menores ingresos sean removidos de la red de impuestos e impartir progresividad al sistema (se aplicaría una sola tasa por encima del monto exento);

d)   Reducir los impuestos al consumo y ampliar la base imponible, incluyendo el ITBIS y los Selectivos al Consumo (algunos estudios indican que una reducción del ITBIS al 11-12% ampliando la base imponible sería neutral para el nivel de recaudación actual);

e)   Desmontar los impuestos a las transacciones financieras en un período de dos años por el impacto de este impuesto en la asignación de recursos escasos en la economía y los costos que representa a la economía dominicana, reduciendo la capacidad de competir de las empresas en el exterior (esto limita la inversión y la generación de empleos productivos en la economía).

De seguro, Juan Pablo Duarte no estaría de acuerdo en privilegiar a unos sectores sobre otros a través de exenciones fiscales.  En su pensamiento es obvio que propugnaba por la equidad de todos los individuos y agenetes económicos ante las leyes.  Tampoco estaría de acuerdo con  un Estado sobredimensionado y la necesidad de establecer  altos impuestos para financiarlo.  Duarte entendía que el gobierno debía ser responsable y limitado en su intervención en la vida pública: "Puesto que el gobierno se establece para el bien general de la asociación y de los asociados...es responsable en cuanto a sus actos."  Bajo el ambiente económico predominante en República Dominicana, sería necesario reducir la diversidad de impuestos y las altas tasas impositivas para reducir las exenciones fiscales.  Obviamente, se requiere la reducción del gasto público y enfocar las acciones del Estado para que sea efectivo en las funciones más básicas que hoy día no se cumplen. 

Austeridad gubernamental: en serio?

El Presidente de la República aprovechó la oportunidad del tema del aumento del precio del petróleo y los comestibles para anunciar medidas de austeridad en el Sector Público No-Financiero (SPNF).  En este sentido, las medidas que se anunciaron en cuanto a la política fiscal forman parte de las exigencias del FMI para cumplir con  las metas del Acuerdo Stand-by.  En esta entrega estaremos analizando la siguiente medida anunciada:

Reducción de 12% en los presupuestos de los ministerios y otras instituciones publicas autónomas y descentralizadas, con excepción de educación, salud y programas sociales.  

Es muy importante la austeridad por parte del gobierno dominicano si tomamos en cuenta que el déficit del SPNF ha sobrepasado los RD$50,000 millones durante los últimos tres años.   Una política fiscal austera reduce el exceso de consumo del sector publico, reduciendo el desvío de recursos en el presente y el futuro del sector privado al sector público.  Además, una reducción del gasto reduce la necesidad de endeudamiento del sector público; esto cambiaría la tendencia de los últimos años de asumir cada vez mayor deuda pública para financiar un gasto público mayor.

Sin embargo, la reducción de los gastos del gobierno se enfoca en la reducción de gasto en obras públicas y no en el gasto corriente, como lo anunció el Presidente de la República.  Esto es una señal de que el gobierno busca la vía fácil y que realmente no se está asumiendo la austeridad seriamente.  Esto se hace más evidente cuando tomamos en cuenta que muchos "programas sociales" se usan para gastos que no se justifican (alguien se recuerda de "pega o paga" en el pasado?).

Hoy día parecería que no existe restricción presupuestaria y el despilfarro de recursos es obvio.  Desde almuerzos costosos de funcionarios públicos en restaurantes de primera, pasando por subsidios generalizados que distorsionan señales de precios e implican derroche de recursos escasos en la economía, finalizando con la ejecución de obras que no son prioritarias y que se ejecutan a sobreprecio.

Con estos ejemplos parecería que el “contrato social” entre el Estado y los ciudadanos se está violando.  Por un lado, se violan los derechos de propiedad de los contribuyentes en la medida que sus impuestos habrán financiado un gasto público excesivo y una parte importante de esos recursos se desperdician en gastos innecesarios y corrupción. Por otro lado, se está limitando la libertad económica de las generaciones presentes y futuras en la medida que en algún momento habrá que pagar el gasto público excesivo actual y el endeudamiento creciente que esto genera.  Se limita la libertad económica porque se estaría forzando a los agentes privados a prescindir de sus propiedades generadas en base a trabajo productivo para hacer frente a un gasto público excesivo y el servicio de la deuda.

El Estado no sólo podría estar violando el “contrato social” sino que ha tomado atribuciones más allá de la que los ciudadanos están dispuesto a otorgarle.  No ha sido suficiente 5 reformas fiscales en los últimos 9 años que han implicado incrementos de tasas impositivas y la cantidad de impuestos; todo para financiar un gasto público cada vez mayor.  El país ha tenido que asumir cada vez mayor deuda para financiar el gasto público.

El déficit del Sector Público No-Financiero (SPNF) de más de RD$55,000 millones durante cada uno de los últimos tres años no se ha generado por el lado de los ingresos en la medida que éstos se han incrementado sensiblemente.  El problema se ha generado por un incremento del gasto público, principalmente gasto corriente, que a su vez ha implicado la creación de déficit fiscales y un incremento del endeudamiento público.

El endeudamiento del SPNF se ha más que cuadruplicado en los últimos diez años, pasando de US$3,243.0 millones a Diciembre del 2000, a US$14,817.6 millones a Diciembre de 2010, según cifras del Ministerio de Hacienda.  Por otro lado, la deuda del Banco Central pasó de ser insignificante en Diciembre de 2002 (antes del rescate de los tres bancos fallidos), a  RD$53,522.9 millones en Diciembre de 2003 (año de los rescates bancarios), a casi RD$219,000 millones al final del 2010 (equivalente a US$5,786 millones al RD$37.85/US$).  Como sabemos, esta deuda tendrá que pagarse a través de la política fiscal en algún momento, con recaudaciones de impuestos futuros; por esta razón es que se le llama deuda cuasi-fiscal.   Si esto no sucediera, habrá emisión de dinero sin respaldo que genera inflación y depreciación de la moneda. 

La estabilidad macroeconómica que hemos gozado durante los últimos 7 años luego de la crisis bancaria se ha logrado en base al endeudamiento público, lo que implica que no es sostenible en el tiempo.  Es decir, la República Dominicana goza de una estabilidad macroeconómica artificial basada en deuda pública, tanto interna como externa.

En este punto es importante resaltar el papel que han jugado los organismos multilaterales de financiamiento en el proceso de incremento del gasto y endeudamiento públicos, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Desde nuestra perspectiva, el FMI ha sido uno de los agentes responsables de la situación actual, en la medida que ha permitido, justificado e incentivado las políticas económicas que han implementado los diferentes gobiernos durante los últimos diez años.

El rol que ha jugado el FMI para que el sector público pueda seguir endeudándose ha postergado las decisiones difíciles y la implantación de políticas económicas sostenibles en la República Dominicana.  En todo caso, el FMI ha asumido la visión de corto plazo de los políticos, haciéndose de la vista gorda en materia de políticas económicas.  Por esto, debemos ser muy escépticos de las “recomendaciones” de políticas públicas de este organismo y de otras instituciones multilaterales de financiamiento.

Lamentablemente, los economistas miden la sostenibilidad de la deuda utilizando como parámetro el monto de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).  Sin embargo, lo importante es la capacidad de pago en base a ingresos y gastos presentes y futuros.  Si la estructura de gastos es rígida con compromisos de gastos previos como servicios de deuda, subsidios,  y una burocracia abultada,  y no se tiene voluntad política de reducirlos, esto implica que el servicio de la deuda será cada vez más difícil de enfrentar.  En la actualidad se destina cerca del 41% del presupuesto del gobierno al servicio de la deuda.  En todo caso, el cálculo del PIB podría no estar reflejando la realidad de la economía dominicana en la medida que la metodología del cálculo debe revisarse.  En este sentido, si el PIB está sobreestimado la relación deuda/PIB puede reflejar un coeficiente por debajo del número real.

Se argumenta que el nivel actual de la deuda pública global (SPNF + Banco Central) es sostenible y que el país está en capacidad de asumir mayor nivel de endeudamiento del sector público.  Actualmente, la deuda pública global ronda entre 41-45% del PIB, según la metodología de cálculo y el PIB sobreestimado,  Los niveles de deuda pública sobre el PIB no dicen mucho, si consideramos que la República Dominicana dejó de servir la deuda externa (default) con 32% de esa deuda sobre el PIB (1982), Chile con un 31% (1972), Venezuela con un 41% (1982), México con un 47% (1982), Jamaica con un 49% (1978) y Argentina con un 51% (2001).  Con estos ejemplos nos damos cuenta que los parámetros que usan los economistas, avalados por los organismos internacionales, no tienen mucha validez.  De nuevo, lo importante es la capacidad de pago en base a ingresos y gastos gubernamentales, y no a un coeficiente que podría estar subestimado. 

Desde nuestra perspectiva, la política de gasto y endeudamiento públicos de los últimos diez años no son sostenibles.  Debe haber cierto límite en la medida que el Estado puede restringir la libertad económica cuando confisca recursos a los entes productivos de la sociedad más allá de lo requerido para las operaciones del sector público.  Se está comprometiendo el futuro de la República Dominicana cuando se asume cada vez mayor endeudamiento.  De nuevo, la deuda pública global es más de cinco veces mayor que hace diez años, independientemente de cuánto representa con respecto al PIB.

Las políticas económicas deben crear un ambiente propicio para el ahorro, la inversión, la producción y el consumo, y no servir de obstáculos a las actividades de los agentes económicos privados.  Además, deben incentivar una asignación de recursos para la creación de nuevas riquezas por parte del sector privado y no que profundice la pobreza presente y/o futura.   De lo que se trata es de políticas económicas sostenibles.

El gasto público excesivo, los déficit fiscales, el alto nivel de endeudamiento y la incertidumbre que éstos generan desincentiva el ahorro, la inversión, la producción y el trabajo productivo.  Esto implica una muy baja generación de riquezas y un alto desempleo estructural de los factores de la producción (capital, tierra y mano de obra).  Es obvio que existe un exceso en el gasto corriente por una burocracia muy abultada, subsidios, corrupción y programas muy difícil de justificar. 

El derroche de recursos escasos a través del gasto corriente excesivo debe reducirse y permitir al sector privado que cuente con los recursos que se desvían para financiar déficit fiscales, incrementando el ahorro nacional en el proceso.  Si bien es cierto que la austeridad anunciada es un paso en la dirección correcta, parecería que el compromiso es débil si tomamos en cuenta que se excluyen programas "sociales" que  muchas veces se usan para gastos que no se justifican y la reducción del gasto se enfoca en obras públicas y no gasto corriente.  Habría que esperar a ver si se implementan las medidas anunciadas, toda vez que anuncios en el pasado no se han traducido a la realidad.

La tendencia del gasto y endeudamiento públicos durante los últimos diez años de seguro preocuparía a Juan Pablo Duarte.  Las limitaciones a la libertad económica que implica un Estado que incide cada vez más en las vidas de los individuos a través de derroche de recursos escasos  e imposición de más impuestos va en contra de la libertad individual que propugnaba nuestro Padre de la Patria.  Un país altamente endeudado con políticas económicas que no son sostenibles implican que la Nación no podrá ser libre, independiente, y respetada por otras naciones.

Política Monetaria y Burbuja de Precios

En días pasados, el Presidente de la República anunció una serie de medidas económicas como respuesta a los altos precios de los combustibles y de los alimentos.  En este sentido, estaremos publicando una serie de artículos analizando las medidas anunciadas.  Antes de analizar el conjunto de medidas, es importante señalar por qué los precios del petróleo, los bienes comestibles y los bienes primarios o commodities, en general, se han incrementado recientemente.  Se ha argumentado en diferentes círculos que el origen de los incrementos de precios de bienes primarios se deben a la especulación financiera.  Sin embargo, la realidad es que hay otros factores que representan el génesis de los incremento de precios.

La razón principal por lo cual los precios de los bienes primarios o commodities se han incrementado recientemente es la política monetaria expansiva que vienen aplicando los bancos centrales que emiten monedas de reserva desde el inicio de la crisis financiera internacional en 2007, principalmente en Estados Unidos de América.  Como es sabido, el dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante, representando el 64% de las reservas monetarias a nivel mundial.  Esto es el resultado del sistema monetario que se implantó a raíz de la reunión de Bretton Woods luego de la Segunda Guerra Mundial.  En la actualidad, las regiones de Asia, América Latina y Medio Oriente son las que presentan mayor niveles de reservas monetarias internacionales denominadas en dólares estadounidenses. 

El dólar estadounidense es la moneda que se utiliza en aproximadamente 80% de las transacciones comerciales a nivel mundial y por eso la importancia de la política monetaria estadounidense y su impacto en los precios de los bienes y servicios que se comercializan en los mercados internacionales.  La creencia de que el origen del incremento de precios de los bienes primarios o commodities está en la especulación financiera es un mito.

La especulación siempre está presente en la economía de mercado debido a que el futuro es incierto y las expectativas de los agentes económicos se integran al sistema de precios.  Sin embargo, la especulación financiera que se observa en la actualidad es el resultado de una política monetaria expansiva que permite el acceso a dinero y crédito fácil y barato por parte de ciertos agentes económicos.  La especulación es un síntoma y no la causa del problema que enfrenta la economía mundial con el incremento de precios de los bienes primarios.

Las dos condiciones principales para que funcione una economía de mercado son: 1.  Asegurar que se protejan los derechos de propiedad, garantizando que los individuos puedan disponer de sus capacidades y propiedades libremente en las transacciones; y, 2.  Permitir que los precios se establezcan libremente en el mercado para que los recursos escasos se asignen en los sectores que presentan ventajas comparativas.  Los precios son las señales que se obtienen del intercambio comercial entre consumidores, emprendedores y los dueños de los factores de la producción (capital, tierra y mano de obra).  Los precios llevan y traen información entre los diferentes agentes económicos sobre la escasez y/o abundancia de los recursos escasos en la economía.  En este sentido, el papel que juegan los especuladores es esencial, en la medida que envían la información temprana de qué ahorrar y qué recursos se encuentran en abundancia. 

Como sabemos, el dinero siempre aparece de un lado de todas las transacciones en la economía, porque es precisamente el medio de intercambio entre agentes económicos.  Cuando se vulnera el medio de intercambio (dinero) a través de políticas monetarias expansivas se distorsionan las señales que envían los precios de los diferentes bienes y servicios en la economía.  De nuevo, la especulación financiera es el resultado de medidas que adopta la institución pública que tiene el monopolio de la emisión de dinero y crédito, es decir, el banco central.

La prohibición y/o regulación de la especulación implicaría una intervención estatal en las transacciones y en las señales que envían los precios en una economía de mercado.  Si se aplicara, esta intervención estatal sería la respuesta a otra intervención estatal originada en los bancos centrales.  De esta forma, se estaría tratando de corregir los síntomas del problema que genera la política monetaria expansiva y no el origen.  En todo caso, el resultado inevitable de la prohibición de la especulación sería un incremento en la volatilidad y los niveles de precios en la economía mundial.

En resumen, la política monetaria expansiva (sin precedentes) que están aplicando los bancos centrales que emiten monedas de reserva está distorsionando las señales de precios a nivel mundial.  En la mayoría de los casos, políticas monetaria expansivas ocasionan burbuja en los precios de los bienes primarios o commodities, entre otros efectos en la economía mundial.  También puede ocasionar burbuja de precios en otros sectores y/o activos, dependiendo hacia dónde se dirige la nueva liquidez creada por la política monetaria expansiva.

La última vez que se aplicaron políticas monetarias expansivas a nivel mundial (2001-2004) la liquidez se dirigió a los sectores inmobiliarios, creando burbuja de precios en las viviendas y los activos financieros relacionados a los préstamos hipotecarios.  La crisis financiera y de la economía mundial que se vive desde el 2007 es el desenlace o resultado de la aplicación de este tipo de política monetaria.  El período de auge que acompaña a políticas monetarias expansivas siempre son seguidos por depresión o crisis.