Como parte de los acuerdos con el FMI, el gobierno se comprometió a revisar las legislaciones que incluyen exenciones fiscales. En este sentido, el Presidente de la República anunció que impartió órdenes al Ministro de Hacienda para revisar las exenciones fiscales y exoneraciones. Las exenciones fiscales se han utilizado para mitigar los problemas estructurales de la economía dominicana y los altos costos transaccionales que enfrentan los agentes económicos.
Las exenciones fiscales introducen distorsiones en la asignación de recursos escasos en la economía dado que estimulan artificialmente las inversiones en algún sector sobre los demás. En principio, lo óptimo es eliminar toda exención fiscal tratando a todos los sectores equitativamente para que las inversiones se dirijan donde se presentan ventajas comparativas y los emprendedores perciban oportunidades reales de beneficios sin estímulos artificiales. Sin embargo, la eliminación de exenciones fiscales deben ir acompañadas de la reducción del costo que enfrentan las empresas en el país para ser competitivos a nivel internacional.
En términos de política tributaria, la vía más expedita y eficiente desde el punto de vista económico es reducir la cantidad de impuestos, gravámenes y las altas tasas impositivas. Esto contribuye a hacer el sistema tributario más sencillo y a reducir el costo de hacer negocios en la República Dominicana, lo que implica mayor inversión en la economía. Además, esto ayudaría a reducir los niveles de informalidad en la economía dominicana porque algunos de los factores que más contribuyen a ésta son la diversidad de impuestos, las altas tasas impositivas y los requerimientos burocráticos para cumplir con el pago de impuestos. Todos estos factores desincentivan las inversiones y la conducción de negocios bajo las leyes en la economía.
Mientras económicamente es más eficiente eliminar las exenciones fiscales, la realidad es que las exenciones fiscales se han usado por los altos costos transaccionales de la economía dominicana. Para eliminar las exenciones fiscales, el Estado debe aplicar una serie de reformas estructurales para contribuir a la reducción de los costos transaccionales en la República Dominicana. En términos de la política tributaria, el costo de hacer negocios en la República Dominicana podrían reducirse aplicando las siguientes políticas:
a) Simplificar el código tributario para hacer el sistema menos costoso de administrar por parte de contribuyentes y del colector, liberando recursos escasos para la economía en general (nuevas inversiones);
b) Introducir una tasa del Impuesto Sobre la Renta (IRS) baja y uniforme (flat tax) a individuos y empresas que incentive la inversión, la producción, la creación de empleos, el ahorro y el consumo en la economía. El cambio de incentivos implicaría una reducción de la evasión fiscal, mayor crecimiento económico y una reducción de la informalidad en la economía (de esta forma se podrían percibir mayores recaudaciones fiscales);
c) Introducir un mayor nivel de exención del ISR a los individuos (ingresos libre de impuestos) para que los que perciben menores ingresos sean removidos de la red de impuestos e impartir progresividad al sistema (se aplicaría una sola tasa por encima del monto exento);
d) Reducir los impuestos al consumo y ampliar la base imponible, incluyendo el ITBIS y los Selectivos al Consumo (algunos estudios indican que una reducción del ITBIS al 11-12% ampliando la base imponible sería neutral para el nivel de recaudación actual);
e) Desmontar los impuestos a las transacciones financieras en un período de dos años por el impacto de este impuesto en la asignación de recursos escasos en la economía y los costos que representa a la economía dominicana, reduciendo la capacidad de competir de las empresas en el exterior (esto limita la inversión y la generación de empleos productivos en la economía).
De seguro, Juan Pablo Duarte no estaría de acuerdo en privilegiar a unos sectores sobre otros a través de exenciones fiscales. En su pensamiento es obvio que propugnaba por la equidad de todos los individuos y agenetes económicos ante las leyes. Tampoco estaría de acuerdo con un Estado sobredimensionado y la necesidad de establecer altos impuestos para financiarlo. Duarte entendía que el gobierno debía ser responsable y limitado en su intervención en la vida pública: "Puesto que el gobierno se establece para el bien general de la asociación y de los asociados...es responsable en cuanto a sus actos." Bajo el ambiente económico predominante en República Dominicana, sería necesario reducir la diversidad de impuestos y las altas tasas impositivas para reducir las exenciones fiscales. Obviamente, se requiere la reducción del gasto público y enfocar las acciones del Estado para que sea efectivo en las funciones más básicas que hoy día no se cumplen.
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